Por estos tiempos, uno de los fenómenos que sin duda acapara las portadas de los periódicos y los titulares de los noticieros en buena parte del mundo es la corrupción. Y es que no es para menos, este flagelo representa uno de los mayores obstáculos para la realización de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, en especial, los puntos que se relacionan directamente con la erradicación de la pobreza, el hambre y el mejoramiento de la infraestructura, educación y la salud.
Aunado a lo anterior, la corrupción representa una amenaza para la consolidación de la paz universal, la realización de ciertos derechos humanos que requieren de prestación de servicios a cargo del Estado, lo cual impide el funcionamiento equitativo y razonable de la sociedad, así como la confianza ciudadana en la institucionalidad.
Según cifras del Foro Económico Mundial, anualmente el mundo pierde más de 2,6 trillones de dólares en corrupción, cantidad suficiente para terminar con la hambruna a nivel mundial, el paludismo y mejorar la infraestructura de los países en vía de desarrollo.
Con todo ello, el mundo se encuentra realizando esfuerzos para eliminar este flagelo, pero existe un país en el mundo que en algún momento consideró que la mejor forma de combatir la corrupción era despenalizándola: Rumania. Ubicado en Europa oriental, Rumania se incorporó a la Unión Europea en el año 2007 y actualmente ostenta el deshonroso podio como el país con mayor índice de corrupción de la Unión, seguido de Grecia y Bulgaria. Según un informe sobre la lucha contra la corrupción de la Comisión Europea, siete de cada diez rumanos alguna vez en su vida se han visto obligados a dar sobornos para recibir un trato favorable en el sistema de salud, las aduanas, la policía o alguna dependencia gubernamental.
Fuente: Civil liberties union for Europe (Creative commons BY-NC 4.0)
En el año 2017, se aprobó un decreto en secreto por el Gobierno de Rumania, que despenalizaba la corrupción en delitos de cierta cuantía, concedía indultos, permitía la participación en cargos de elección popular a condenados por delitos contra el erario y dejaba en libertad a miles de condenados por corrupción. Dicho decreto causó protestas en el país jamás vistas desde la revolución de 1989 que derrocó el régimen comunista de Nicolae Ceușescu –uno de los más represivos del telón de acero-.
En el año 2017, se aprobó un decreto en secreto por el Gobierno de Rumania, que despenalizaba la corrupción en delitos de cierta cuantía, concedía indultos, permitía la participación en cargos de elección popular a condenados por delitos contra el erario y dejaba en libertad a miles de condenados por corrupción.
El gobierno apoyó el decreto como alternativa para descongestionar las cárceles y hacer frente al abuso de poder de jueces, fiscales y, especialmente, la Dirección Nacional Anticorrupción, un organismo gubernamental que según Bruselas, es uno de los más eficaces en la lucha contra la corrupción de toda la Unión Europea. Las protestas se prolongaron casi que a diario durante 3 meses.
El Gobierno rumano decidió retirar el decreto, pero no todo terminó ahí. Durante más de tres ocasiones entre 2018 y 2019, el Parlamento rumano intentó la aprobación de medidas tendientes a despenalizar la corrupción, de manera menos ambiciosa que la adelantada en 2017. La Unión Europea vio con preocupación estas medidas gubernamentales ya que no representan los valores europeos y se apartaban de los objetivos de la agenda de crecimiento 2020.
A estas medidas que, restaban el mérito a la lucha contra la corrupción, siempre se opuso el Presidente. Fue este mismo, quien a mediados de marzo de 2019, propuso una referéndum para blindar los castigos a los delitos de corrupción y de esta manera frenar las medidas de despenalización que estaba tomando el Ejecutivo[1]. Activistas independientes y movimientos ciudadanos tomaron las banderas del movimiento anticorrupción, sin que hubiere sido una reivindicación con cabezas visibles sino la del propio pueblo rumano.
La votación del referéndum se celebró a la par de las elecciones por el Parlamento Europeo el pasado 27 de mayo. La victoria fue arrolladora, cerca del 80% de la población electoral aprobó las medidas. Con esta victoria, el Gobierno no podrá reformar los castigos a delitos por corrupción mediante decretos ejecutivos, sin que primero sean objeto de debate por el Parlamento y posterior revisión por el Tribunal Constitucional.
Con esta victoria, el Gobierno no podrá reformar los castigos a delitos por corrupción mediante decretos ejecutivos, sin que primero sean objeto de debate por el Parlamento y posterior revisión por el Tribunal Constitucional.
Quizá la experiencia rumana sea un buen ejemplo para que el pueblo colombiano tome las banderas de la lucha contra la corrupción desde las pequeñas acciones diarias, puesto que la política de cero tolerancia contra este flagelo no le pertenece a determinado líder político, sino a todo un pueblo que busca en su desarrollo una efectiva equidad y justicia social.
[1] Rumania es una República Parlamentaria en la que el presidente ejerce como jefe de Estado y el primer ministro tiene bajo su cargo la jefatura del gobierno y con ella, el poder ejecutivo.
David Rojas- Bogotá